Por Paco Guel Saldívar
En estos días se cumplen 60 años de las primeras elecciones federales en que las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto y lo hicieron para integrar la XLII Legislatura del Congreso de la Unión.
La conquista de este justo reconocimiento, que en cada una de sus etapas encontró el respaldo y el impulso de destacados políticos y legisladores priistas, se la debemos por completo a la incansable lucha de las mujeres mexicanas que no quisieron conformarse con su papel secundario en los designios del país y se enfrentaron a cánones establecidos, a grupos de fanáticos detractores y al miedo de una sociedad a la que habían hecho creer que un conjunto de nefastas consecuencias seguirían a la salida de las mujeres de los límites de su hogar.
Los primeros éxitos a nivel federal de estas reivindicaciones se dejaron ver en 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitiría votar a las mujeres. Sin embargo, por presiones de diversos grupos sociales y partidos de la oposición, nunca llegó a declararse su vigencia. Diez años después, el 17 de febrero de 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar pero sólo en las elecciones municipales.
En 1952, al iniciar la presidencia de Ruiz Cortines, las presiones de colectivos de mujeres, fuera y dentro de nuestras fronteras, eran de tal magnitud que ignorarlas era imposible, incluso para los partidos más conservadores. Tal fue así que Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada por Cárdenas en 1937. Pero para el presidente, este tema era tan prioritario, que ya tenía su propia iniciativa, más moderna y elaborada, y la presentó dos días después de la solicitud de reciclaje presentada por Acción Nacional, sólo siete días después de su toma de posesión como presidente. El decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían el derecho a votar y ser votadas en todas las elecciones de cualquier nivel, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953, y el 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas pudieron ejercer este derecho, producto de una larga lucha y sustentado en los más básicos principios de justicia.
No obstante, el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres no se agota con el reconocimiento de su derecho al voto. La incorporación de las mujeres a la toma de decisiones ha ido avanzando progresivamente desde 1955 y siempre mediante iniciativas legislativas y programáticas del PRI. La composición por sexo de las diferentes legislaturas que han integrado el Congreso de la Unión nos da un claro ejemplo de esta evolución.
En la última reforma electoral, en el artículo 41 constitucional se incorporó la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores federales y locales, de tal forma que cada uno de los partidos políticos debe integrar las listas de sus candidaturas a legisladores locales y federales, tanto de mayoría como de representación proporcional, con 50% de mujeres y 50% de hombres. La paridad, que procedió a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, es sin duda un paso fundamental en la superación de las barreras artificiales que impiden a las mujeres alcanzar puestos de responsabilidad política.
Sin embargo algunos parecen incapaces de avanzar aún cuando se les empuja hacia adelante, pues la respuesta del PAN ante la mencionada reforma fue nada menos que la organización de una serie de capacitaciones en materia política a las mujeres panistas que aspirasen a un cargo público, tal como auspiciara su presidente nacional Gustavo A. Madero, que unos meses antes declarara ante sus filas femeninas que “el partido haría todo lo posible para facilitarles la tarea y acercarse, y ellas para ayudarlos a identificarlas y formarlas…”. Esta acción paternalista y condescendiente debió ser por demás dolorosa e insultante para las mujeres panistas y en general para todas las mujeres mexicanas, cuya formación política en nada difiere de la de los hombres, pues los diferentes niveles de preparación entre los militantes de una agrupación política son por motivos dispares y que nada tienen que ver con su sexo.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional sabe que los hombres en general no tenemos nada que enseñarles en materia política a las mujeres en general, y reconoce que las mujeres han sido un factor determinante en la construcción de un país incluyente y equitativo. Asimismo, es consciente de que todavía hay mucho por hacer para la inclusión plena de las mujeres en nuestra vida política, y por ello no deja de alentar y diseñar políticas públicas permanentes en este sentido. El PRI no es un partido de hombres que se dirige a las mujeres en segunda persona; el PRI es un partido de mujeres y hombres que desea trasladar la misma equidad que define su vida interna a todos los ámbitos de la vida pública y privada de México. No en vano más de la mitad de las mujeres que forman parte del padrón electoral declara una clara preferencia política por el PRI.
@pacoguel
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Publicado originalmente en La Jornada Aguascalientes